Ante la grave situación de inseguridad, violencia y criminalidad, la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, con la colaboración del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, convocó a un foro de discusión sobre Inseguridad y Justicia en Democracia, que se celebró del 6 al 10 de junio último, en el que participaron 88 especialistas en dieciocho mesas redondas; del que salió la Propuesta al Estado Mexicano, contenida en un documento de 44 hojas y 36 conclusiones.
Casi no vale la pena decirlo, pero esa aportación es en cumplimiento de parte del compromiso que tiene la UNAM, con la nación, porque es una universidad del país para todos los mexicanos y para todo el mundo, que tiene la obligación institucional de hacer propuestas, y llevar a cabo acciones, en su ámbito científico, cultural, artístico, deportivo, etc.; para la solución de los grandes problemas nacionales, como de inseguridad, violencia y criminalidad, que actualmente nos agobia.
Los rubros de la Propuesta son textualmente: Debemos revisar nuestra manera de enfrentar la inseguridad y de hacer justicia; ¿Cómo se enfrenta el problema en la actualidad?; El soporte teórico y conceptual es insuficiente; Las prácticas institucionales no se adecuan al marco constitucional de la seguridad y los derechos humanos; Las normas, diseños y prácticas están ajenos al marco especializado de atención a poblaciones de mayor riesgo o vulnerabilidad; Los sectores relevantes para la seguridad y la justicia están fragmentados; La prevención se ha desatendido; Acciones y decisiones coyunturales y reactivas, sumadas a la ausencia de una visión integral y coordinada al corto, mediano y largo plazos.
Subordinación a cuestiones políticas personales, partidistas o electorales; Las relaciones civiles y militares enfrentan condiciones extraordinarias; La corrupción e impunidad son severas; La metodología de las políticas públicas está marginada; La capacitación de vanguardia casi no existe; La legitimidad se reduce; Domina una retórica de confrontación; Avanza la violencia; ¿Qué datos tenemos para describir el tamaño del reto de la seguridad y la justicia?; La meta: una política integral en materia de seguridad; Primacía del régimen constitucional de los derechos humanos; Orientación hacia la seguridad humana; racionalización del uso de la fuerza pública; Fortalecimiento del liderazgo civil; Primacía de la prevención sobre el control; Integralidad de la política; Transversalidad; Coordinación y subsidiaridad; Metodología para la definición de políticas públicas; Desarrollo de un enfoque funcional.
Compromiso responsable de los partidos políticos; Máxima rendición de cuentas y transparencia; Evaluación constante y responsable; Atención prioritaria a quienes enfrentan mayor riesgo y vulnerabilidad, así como centralidad de la política de género; ¿Quiénes deben ser los actores del cambio?; Corresponsabilidad de todos los actores sociales; Responsabilidad de instituciones democráticas fuertes y transparentes; Las acciones del cambio; Un proceso de diagnóstico amplio y participativo; Reforma fiscal que garantice el flujo de recursos para un programa nacional amplio; Desarrollo de la política criminal; Prevención y recuperación del espacio público; Los principios de la política de prevención.
El empleo de la fuerza pública; El enfoque del desarrollo humano; El enfoque de la prevención social de la violencia y la delincuencia; Control de adicciones; Las medidas que debe adoptar la política de prevención de adicciones; Política local en materia de seguridad; Una política para la juventud; Difusión y aplicación de los mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos; Atención prioritaria a la violencia intrafamiliar y al maltrato infantil; Reforma policial; El modelo policial; Adscribirse al modelo de seguridad ciudadana como política derivada de la seguridad humana; Adherirse a un modelo de prevención social de las violencias y de la delincuencia; Asumir la perspectiva de los derechos humanos; Fortalecer la política de transparencia y rendición de cuentas policial.
Desmilitarizar a la policía; Es prioritario mejorar las condiciones laborales y los derechos de los policías; Es necesaria una policía evaluada y controlada desde el exterior; Se requiere generar un sistema de indicadores del desempeño; La reinserción social de la policía llama a un uso intensivo y creativo de la comunicación; Modelo de uso de la fuerza; Reforma de la justicia penal; Nueva justicia penal; Racionalización del sistema penal; Crimen organizado y lavado de dinero; Sistemas de inteligencia; Sistema de reinserción social; La política de seguridad en las fronteras.
Y la pormenorización de todos y cada uno de esos rubros concluye con 36 puntos que se intitulan Manos a la obra; o sea, para que sirva la propuesta es necesario realizar las recomendaciones ¡desde ya!.
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